Mar del Plata es la capital de la desocupación

En el contexto de la pandemia por la COVID19, las condiciones materiales de la clase obrera en nuestro país empeoran a cada momento. Ante la cuarentena, los empresarios atacan las condiciones laborales para asegurar sus ganancias. Una medida recurrente del capital en este contexto son las vacaciones obligatorias para gran parte de los trabajadores “regularizados”. Además, son miles y miles los despidos a lo largo y a lo ancho del país. El caso Techint resulta paradigmático: luego de la “advertencia” mediática del presidente, se dictó la conciliación obligatoria, la UOCRA firmó, el gobierno avaló y la empresa despidió 1450 trabajadores. No conforme, durante estas horas impulsan un recorte de sueldos a $10000, además de suspensiones. Medidas que se extienden en el mapa general de las empresas del país.

Mar del Plata es la capital de la desocupación desde hace décadas. El trabajo en negro, el trabajo tercerizado por las bolsas de empleo y el trabajo por contrato temporario completan un panorama desalentador para quienes no contamos con otra cosa que con nuestra fuerza productiva y naturaleza genérica.

En este contexto, la problemática se recrudece en nuestra ciudad. Cientos de empresas que toman trabajadores para la temporada de verano obligaron a los mismos a renunciar antes del cumplimiento de dicho contrato y todavía no han abonado las respectivas liquidaciones de sueldo. Los trabajadores de comidas rápidas como Mc Donalds, Burger King y Mostaza denuncian que los obligaron a volver a trabajar incluso cuando les adeudan la mitad del sueldo de marzo. Pepsico no cerró la planta en el parque Industrial bajo el pretexto de que sus productos son indispensables para la “felicidad” de las familias argentinas y puso a operarios y operadores en peligro. El shopping Aldrey citó a sus trabajadores para informarles la reducción de su sueldo al 50%. La misma situación se extiende a trabajadores de prensa, de gastronomía, de las fábricas del puerto y de las ferias de la ciudad. La receta es reducción de salarios y vacaciones obligatorias con la autorización del estado.

Los trabajadores de la educación con cargos se encuentran desbordados ante las clases virtuales. Mientras que miles están desempleados frente a la imposibilidad de tomar horas.

Los trabajadores de la salud denuncian el abandono del estado que provoca irregularidades en sus condiciones de trabajo (en algunos casos, 72 hs de guardia) y ausencia total de insumos para la atención de personas. A lxs mismxs que pone en un pedestal en este contexto, les niega un salario que sea acorde a lo que se les exige.

La implementación del Ingreso Familiar de Emergencia es una farsa. El estado realiza una lectura de clase en contra de los trabajadores. Todo aquel trabajador precarizado que solamente trabajó durante la temporada es considerado por el estado un trabajador formalizado lo que lo inhabilita a cobrar dicho ingreso. Lo mismo sucede con quienes comparten domicilio – ya sea porque conviven o alquilan de manera informal- con personas que tienen salario en blanco o reciben algún otro tipo de prestación no compatible con el programa. Nuestra localidad es, sin dudas, una de las más golpeadas por el trabajo informal. La mayor parte de la población trabaja en negro o de forma temporaria o con empresas tercerizadoras o con recibos que no reflejan el salario real.

Más preocupante aun en este contexto es el ciberpatrullaje llevado adelante por el gobierno que culminó con la detención de un joven en Balcarce y la represión policial en la protesta de los trabajadores del Frigorífico Penta en Quilmes en la que denunciaban despidos injustificados.

El estado continúa el ajuste con el único objetivo de pagarle al FMI y de salvaguardar los beneficios de las empresas. La salida es colectiva y con organización de los de abajo. Para derrotar la pandemia, el estado debe garantizar la prohibición de los despidos y el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo.