Consejo Académico – Sesión plenaria ordinaria 21 [14-08-19]

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Nada de revoque: la estructura está podrida

EL PROTOCOLO ES LA NUEVA 822

Pasó el primer plenario desde que volvimos del receso de invierno y, en cuanto a expedientes, estuvo bastante “tranquilo”. Si bien no hubo demasiados temas para tratar, un expediente en particular merece ser mencionado.

Dicho expediente llegó desde las oficinas de Rectorado, enviado por el protocolo de violencia de género con un dictamen de Legales para que el Consejo Académico hiciera efectiva una sanción hacia un estudiante, a raíz de una denuncia realizada en su contra. En este sentido, como minoría estudiantil, queremos expresar nuestro posicionamiento al respecto. Creemos que es  necesario recuperar la historia reciente sobre lo sucedido.

En primer lugar, Legales –como suele llamarse a la Secretaría Legal y Técnica de rectorado- sugiere que se le aplique al estudiante una suspensión de 60 días además de que realice un curso de reeducación. Este es el primer caso en el cual el Consejo Académico puede “argumentar” la utilización de la ordenanza del Reglamento Disciplinar Estudiantil (OCS Nº822) para castigar a un estudiante. Un dato no menor es que dicha ordenanza no contempla casos de violencia de género. La ordenanza data del año 1990 y solo la han tratado de utilizar para aleccionar y perseguir políticamente a lxs estudiantes opositorxs. En el año 2007, Manual Comesaña –mejor conocido hoy como el docente jubilado que Sleimen designó a dedo en Gnoseología- intentó aplicarle dicha ordenanza a un grupo de estudiantes de la Asamblea de Filosofía que luchaban por concursos transparentes. En el año 2010, fue Cristina Rosenthal, por ese entonces Decana de Humanidades, quien intentó aplicar la ordenanza a estudiantes que – ¡oh, casualidad! – también peleaban por concursos transparentes. Los dos intentos fueron anulados por la capacidad de organización y de movilización de los sectores contrahegemónicos de la universidad. Parecía que habíamos logrado enterrar la persecución política y las formas de adoctrinamiento que buscaban imponer las autoridades de la universidad. 

En el plenario del que hablamos, tanto la mayoría estudiantil –HxEP–, así como la minoría docente – Pluriversidad–  y su graduado, decidieron acatar lo dictaminado por Legales y aplicar la suspensión al estudiante por este cuatrimestre –ya que el máximo de faltas permitidas por cuatrimestre es del 25%, es decir 4 faltas, lo que corresponde a un mes de clases–. Además, previo al tratamiento del expediente, la Decana interrumpió el circuito de la designación de dicho estudiante en un cargo de ayudante de segunda que había concursado y ganado el año pasado. Como en otras ocasiones, sacó de las cajas de las comisiones el expediente de designación, sin consultar al resto del CA, lo que produjo que no pudiera asumir el cargo que ganó durante el período estipulado. Esto le fue informado a posteriori de haber ganado, por lo cual el estudiante perdió no solo la oportunidad de seguir formándose en la cátedra que ganó, sino que se quedó sin trabajo. Lo que implica una doble pérdida, monetaria y académica. Esto es una avanzada por sobre sus derechos laborales. Además, los perjuicios no solo impactan contra el estudiante, el Departamento de Letras perdió un recurso importantísimo para la estructura de una de las materias y para la formación de sus estudiantes.

La OCS Nº 822 siempre ha sido utilizada como herramienta aleccionadora y de amedrentamiento para el cese de los reclamos por mejoras para las carreras y por concursos transparentes. Fue gracias al movimiento estudiantil y la lucha que, por ejemplo, Comesaña se tuvo que comer la saña contra lxs estudiantes que defendían la educación pública y exigían transparencia en el Departamento y no pudo aplicarles la medida disciplinar. Este caso es distinto a esos precedentes y allí lo conflictivo: La pena, en ese momento, era aplicada a estudiantes luchadorxs por la educación pública y la transparencia en el acceso a los cargos docentes. En este caso particular, la están aplicando por “sugerencia” del Protocolo de Género (OCS 2380/17). 

Sigamos recordando la historia, el Protocolo fue aprobado durante la lucha llevada adelante contra el docente acosador de Filosofía, Marcelo Lobosco. El caso fue silenciado y cajoneado por las gestiones de Humanidades y del Departamento de Filosofía, incluso bajo la dirección de Patricia Britos. Fueron 7 denuncias radicadas en la Universidad escondidas durante años. La movilización estudiantil y del conjunto de la comunidad universitaria sacó el caso a la luz de los medios locales y nacionales. Dada la escasa perspectiva de género en la institución, aprobaron el Protocolo para apaciguar un poco los ánimos. Un Protocolo era necesario para que lxs compañerxs puedan denunciar y tengan un acompañamiento en todo el proceso. Sin embargo, el actual, considerando las circunstancias en las que fue aprobado, tiene vacíos, ambivalencias e irregularidades a considerar. La aprobación del Protocolo tuvo como único fin acallar al movimiento organizado, para continuar tapando las problemáticas estructurales en torno a las violencias de género en la UNMDP. El Protocolo fue elaborado a espaldas de la comunidad universitaria y sin tener en cuenta a los diferentes sectores. Esto es un agravante si consideramos que la Universidad ostenta una estructura patriarcal.

Lo paradójico del Protocolo es que las reglas no están claras: Recientemente se le negó, esta vez a una graduada opositora a la Gestión de Sleimen, la designación de un cargo para Filosofía por “estar comprendida en un expediente del Protocolo”. La designación había sido sugerida por el CAD el año pasado y había sido rechazada igualmente por el CA. Y también fue rechazada durante la primera parte del año sin el “argumento” del Protocolo. Esto expuso a la gestión de Sleimen por dos aspectos. El primero: la intervención de la decana sobre el Departamento de Filosofía. Desde que el Departamento tiene una nueva gestión no alineada a Decanato, la gestión no permite que administren el presupuesto. En este caso, perjudicando a lxs estudiantes de segundo año que tienen que cursar Gnoseología y se quedan sin la posibilidad de contar con una docente especializada en el tema y con doble banda horaria de teóricos. El segundo: la discriminación contra los graduadxs de Filosofía que son opositorxs. La persecución contra la oposición en Filosofía tiene larga data y no se termina sino que se recrudece. De esta manera, la gestión de Sleimen y de HxEP quedó en evidencia. Sin embargo, ahora aparece el “argumento” del Protocolo y es utilizado por la Decana. Entonces, redacta una simple nota y la presenta en el momento del tratamiento de la designación a lxs consejerxs académicos. Allí menciona el número de ordenanza del protocolo y no brinda más información al respecto. Parece ser que de dicha mención –que no menciona nada– se desprende la culpabilidad de algo y resulta ser argumento suficiente para no designar. Es decir, estar comprendidx en un expediente del Protocolo está por sobre el estado de derecho. Y hay algo más que contiene gravedad: la docente no fue notificada de nada al día de la fecha, sin embargo la decana no solo parece estar al tanto del expediente, sino que lo utiliza públicamente para operar política. 

En este caso, la implicada es una mujer (cosa rarísima, teniendo en cuenta que desde el mismo Protocolo nos han explicitado que las denuncias no pueden ser hacia mujeres), graduada, docente, compañera, que siempre ha acompañado a lxs estudiantes y ha participado activamente de la lucha en defensa de la Educación Pública. La gestión está avanzando por encima de sus garantías constitucionales y por sobre su trabajo. La justicia burguesa, en estos casos, estaría siendo más garantista que la UNMDP, embanderada con los DDHH y distintas reivindicaciones de género, como la adhesión a la Ley Micaela y a la utilización del lenguaje inclusivo. Asimismo, la diferencia con el caso Lobosco es transparente, a la docente ya se le vulneró el derecho al trabajo, mientras que Lobosco continúa con licencia médica y sigue cobrando su sueldo y, por supuesto, el juicio todavía no se ha llevado a cabo (ya pasaron dos años de aquella promesa).

Es menester considerar que parte de lxs consejerxs que conforman el CA, son lxs mismxs personas que se encuentran, entre otrxs docentes de otras unidades académicas, en las comisiones del Protocolo que evalúan si los casos presentados por las denunciantes son pertinentes para que Legales sugiera una pena y para que el Consejo Académico haga efectiva la misma. El Secretario del CA Germán Takla, la consejera docente por Pluriversidad Cecilia Rustoyburu y la ex directora del Departamento de Filosofía, Patricia Britos, son lxs representantes de Humanidades en el Protocolo de Género. Todxs pertenecientes al mismo sector político (Recordemos que en Humanidades hay una alianza fuerte entre radicales y Nuevo Encuentro – HxEP). Es decir, lxs mismxs que juzgan son lxs que aplican la pena. Se convierten con total complicidad de sus aliadxs de la Gestión, en jueces y verdugxs.

mirò


Este Protocolo avala la discrecionalidad de los sectores que gobiernan la universidad. Es la Decana quien elige a dedo las personas que van a conformar la comisión. Por lo tanto, no todxs pueden ir a denunciar, algunas denuncias tendrán curso y otras no. Pero fundamentalmente el Protocolo no está hecho para lxs opositorxs. Si sos opositorx y vas a hacer una denuncia estás desprotegidx. Si los cargos son políticos, el Protocolo lo manejan las gestiones. Un Protocolo de Género debería estar integrado por una comisión técnica, con Planta Permanente, que ingrese a los cargos a través de concursos transparentes. Sí, parece sencillo, pero la Universidad tiene una lógica punteril que le impide cumplir con una simple estructura democrática. 

Como movimiento estudiantil, seguimos esperando que finalice el juicio académico, mientras tanto, Lobosco sigue con licencia, ya que nunca se lo apartó del cargo. Por otra parte, las compañeras que fueron víctimas de este docente, siguen sin poder volver a cursar la materia, por miedo a que se le termine la licencia y vuelva a ejercer como titular de la cátedra.

Otro aspecto a mencionar fueron los juicios de valor expresados en este último CA contra el estudiante que provinieron de docentes. Entre los argumentos mencionados para aplicar la medida contra lxs estudiantes figuraron los siguientes: que era “militante”, que era “buen estudiante” y que era “varón hetero cis”. Como si de pronto todxs lxs presentes ese día, estuviésemos deconstruidxs y capacitadxs para juzgar cada uno de los aspectos. Queda expuesta la doble vara de quienes se posicionan desde un lugar pulcro, de quienes consideran que ya no pueden ejercer violencia de género o violencia en general por que se dedican a estudiar género. Esto responde a que,  incontables veces por parte de estxs mismxs consejerxs, se ha querido silenciar con interrupciones, gritos y chicanas a las distintas voces disidentes, especialmente la de estudiantes. Porque para quienes no estamos alineadxs a la gestión radical, lxs violentxs, somos nosotrxs. Es por ello que consideramos menester repensar constantemente nuestras prácticas, porque todxs estamos atravesadxs por el machismo y el patriarcado.

A modo de cierre, con todo esto vislumbramos que el protocolo de un tiempo a esta parte,  ha demostrado no llenar las expectativas de convertirse en una herramienta empoderadora para quienes quieren denunciar, sino que ha profundizado el camino hacia una especie de embudo selectivo en el que solo unxs pocxs pueden realmente utilizarlo. El Protocolo se volvió la herramienta punitivista de las gestiones en contra de sus opositores políticos que pueden usar con total legitimidad. En el caso de lxs estudiantes, es la posibilidad de volver a utilizar la famosa ordenanza 822 como método de castigo aleccionador. Como movimiento estudiantil y como comunidad universitaria, nos debemos la tarea crítica de elaborar nuevas herramientas para problematizar las violencias de géneros y la violencia institucional que es moneda corriente. Necesitamos la organización de todas nuestras fuerzas para construir mediante la más amplia discusión herramientas populares y democráticas. 

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