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Todo lo que se impone en los Consejos Departamentales de Filosofía, se ratifica con idéntica ausencia de discusión en los Consejos Académicos de Humanidades. Nunca a través de argumentos, siempre a través de la fuerza, el castigo, la vigilancia.

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En el último Consejo Académico, llevado a cabo el miércoles 2 de Septiembre, –y encabezado por la Decana María Coira–, se aprobaron ocho de las quince designaciones a dedo que la dirección del Departamento de Filosofía –a cargo de José María Gil– impuso (ver: Para terminar con la oscuridad…). Estas 8 designaciones corresponden a César Vicini, Lorena Battaglino, Celina Martín, Paula Jessurum, Maximiliano Loria, Emiliano Aldegani, Yanina Zucconi y Carolina García. Por su fiel espera, ahora les tocó a ellos ser los beneficiados de la gestión; por supuesto que todo sucedió sin siquiera llevarse a cabo una evaluación de los curriculums ni de su idoneidad para ocupar el puesto. El orden del día con las designaciones y los respectivos números de expediente pueden verse aquí: Designados).

Como sucede habitualmente, todos los consejeros de la gestión de la facultad –docentes y graduados– representantes de la lista Juntos por Humanidades, votaron automáticamente a favor de las designaciones. Lo mismo sucedió con el ala estudiantil que responde lealmente –Humanidades por el Proyecto Nacional– los cuales cuentan con un representante en el Consejo Académico: otro incondicional voto a favor.

El otro tema referido a Filosofía fue en referencia a los jurados de los concursos. Tras las denuncias públicas que llevamos a cabo sobre el último paquete de concursos de nuestra carrera,  el cual se aprobó con una antidemocrática conformación de las comisiones evaluadoras (Ver: Aquí no entra nadie que no sepa obedecer), tampoco se pretendía entrar en la más mínima discusión. Es necesario aclarar que, tanto Manuel Comesaña como José Gil, quienes se repiten en todas las nóminas de jurados, han sido organizadores y artífices de la persecución política en Filosofía y forman parte de esta misma gestión.

Respecto a este punto, el tema a tratar en el consejo era el pedido de impugnación de dichos jurados, por parte de nuestra compañera –y militante del Colectivo de Filosofía– Sonia López. Su pedido atañe a los concursos en los cuales va a participar (ver notas acá, acá y denuncia Comesaña ). Como se pueden leer, los argumentos son claros y precisos: alguien no se puede exponer a la situación de evaluación frente a quienes han llevado a cabo una persecución política y una difamación pública sistemática en su contra. Estas mismas personas fueron los ejecutores de una serie de acciones premeditadas con la intención de perjudicar a una opositora. Manuel Comesaña, en el año 2007, mientras era el Jefe de Departamento de Filosofía, confeccionó una lista negra solicitando sanciones para más de una decena de estudiantes y graduados. El criterio siniestro que utilizó en su confección fue el de la participación política: por haber sido consejeros departamentales de –en aquel entonces– la Asamblea de Filosofía, quienes conformaban la nómina debían recibir sanciones disciplinarias y si fuera necesario legales. Nuestra compañera formaba parte de dicha nómina. Unos años más tarde, el sucesor de Manuel Comesaña, José Gil, llevó a cabo, entre varias acciones enraizadas en la misma motivación, la adulteración de un Registro de Antecedentes de la asignatura Historia de la Ciencia. En ese registro, Sonia López había sido elegida primera en el orden de mérito por el titular de la cátedra, otro docente, un graduado y un estudiante. A la hora de refrendar los resultados de horas de trabajo en la conformación de un orden de mérito, durante una sesión de Consejo Departamental, José Gil –quien no participó de la evaluación– presentó un dictamen disidente con un orden arbitrario. Sin argumento alguno, con la mera intención de no permitir el acceso a un puesto de trabajo a una opositora política y sabiendo que contaba con la fuerza de los votos, logró su cometido (ver: El dictamen de la animosidad y Pacto explícito, persecución permanente).

Dado este cuadro, no es posible que se obligue a una docente e investigadora a atravesar una situación de parcialidad a la hora de un concurso público. No obstante, y más allá de la potencia de los hechos concretos, la gestión decidió hacer caso omiso al pedido, profundizando una vez más su accionar antidemocrático y autoritario (ver Rechazo de recusación de jurados). Nuevamente, sin dar mayores explicaciones,  rechazaron la solicitud. Así, por mero ejercicio de inferencia, no quedan dudas de que sus intenciones siguen siendo las de no permitir el acceso de opositores a los cargos que son públicos. Comesaña y Gil deben ser los jurados cancerberos que no permitan el paso en dichos concursos. Si para ello deben utilizar maniobras ilegítimas o la mismísima fuerza, no habrá ningún problema.

Justamente, en el marco de esta sesión, cabe destacar un hecho tan novedoso como grave. No contentos con la fuerza de su mayoría automática –la cual no se preocupa en esgrimir ni un intento de argumentación–, la gestión de Coira solicitó la presencia del personal de seguridad de la Universidad para custodiar la entrada del aula donde se encontraban sesionando. Este hecho inédito en una sesión de Consejo Académico sienta un precedente preocupante: ¿cómo puede ser que haya personal universitario dedicado a amedrentar indirectamente a quienes ejercen su derecho de participar en las instancias públicas del cogobierno de dicha institución? Esto no puede dejar de leerse como otra amenaza implícita, en este caso esgrimiendo, ya no la fuerza de su mayoría automática sino, la fuerza física del personal oficial de la Universidad. Ante esta situación, es necesario recordar que hace poco más de un año, el Secretario del Consejo Académico, Germán Takla, agredió con golpes a un estudiante de Sociología en el marco de una sesión ordinaria, provocando que, en la caída, el cuerpo del estudiante se estrellara contra el vidrio de una puerta haciéndolo estallar (ver: Se fueron al carajo). En aquel entonces, lejos de tomar medidas con el funcionario o de solidarizarse con el estudiante agredido, la decana y sus consejeros continuaron sesionando como si nada hubiera sucedido. Del tema no se habló más. Es por eso que, bajo estos parámetros, entendemos la presencia del personal de seguridad como una amenaza dirigida a quienes oficiamos como la voz de la disidencia. Es un hecho político grave.

Por un lado, llamamos a la reflexión a los compañeros del personal universitario, pues el mismo sector que les niega la participación política en estos espacios, los utiliza como fuerza de choque para salvaguardar sus intereses sectoriales. Por el otro, denunciamos la manipulación ilegítima del personal universitario por parte de la gestión de Humanidades. No aceptamos que se le otorguen funciones coercitivas a los miembros de la planta de trabajadores. Preocupantemente, este accionar nos remite a las épocas más oscuras de nuestra reciente historia.

De este modo, el despliegue realizado deja en evidencia las intenciones de la gestión en avanzar sobre determinados temas sin que nadie pueda expresar siquiera la disidencia. En esta sesión, lo más controversial, claramente, se trataba de los concursos de Filosofía. No obstante, su accionar aplastante se repite sistemáticamente –y cada vez con signos de violencia más explícitos– ante cualquier situación que amenace aunque sea un ápice su hegemonía.

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Colectivo de Filosofía

Septiembre de 2015